ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y CASAS DE NIÑOS: ¿RED O MARAÑA?

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La Red Pública de Educación Infantil de la Comunidad de Madrid fue creada al amparo del Decreto 88/1986, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 11 de Septiembre, por el que se regulan los convenios con Ayuntamientos para atención educativa a la población infantil de 0-5 años, y de la Orden 3936/1998, de 11 de diciembre, de la Consejería de Educación, por la que se regulan las bases para la suscripción de convenios de centros integrados en la Red. En esta Red se encuentran Escuelas de Educación Infantil de primer y segundo ciclo, denominadas Casas de Niños, cuya titularidad ostenta la propia Comunidad de Madrid, los Ayuntamientos y otras instituciones públicas o privadas.


Para hacerse una idea de la enorme variedad de centros que integran la Red, veamos algunos tipos de centro de Educación Infantil que coexisten la Comunidad de Madrid:

  • Centros de titularidad privada, gestionados por empresas privadas, que obtienen sus recursos de aportaciones particulares.
  • Centros de titularidad privada, gestionados por empresas privadas, cuyos recursos provienen mayoritariamente de la administración pública. Otra parte de los recursos los obtienen de pagos de los niños (que, en principio, no pueden ser considerados obligatorios) a las Asociaciones de Padres o Fundaciones que, posteriormente, traspasan esos fondos al centro escolar.
  • Centros de titularidad privada, gestionados por empresas privadas, cuyos recursos proceden exclusivamente de la Ley de Conciertos. En los dos últimos casos puede existir algún funcionario del Cuerpo de Maestros.
  • Centros de titularidad pública, gestionados por la administración pública, con profesorado funcionario o con el estatuto de personal laboral. Esos centros provienen de los antiguos centros de la Comunidad de Madrid o de las Universidades Laborales y sus recursos proceden en exclusiva de la administración del Estado o de la Comunidad de Madrid.
  • Centros de titularidad pública (fundamenalmente de la Comunidad de Madrid o de Ayuntamientos) gestionados por empresas privadas, con personal contratado por esas empresas y cuyos recursos proceden del contrato administrativo que firman con la administración (alrededor de 18.000 €, o 3 millones de las antiguas pesetas, por aula al año) así como de las cuotas que tienen autorizadas cobrar a los alumnos. A esta situación corresponde al menos el 50 % de los centros de educación infantil y Casas de Niños de la Comunidad de Madrid y de los Ayuntamientos.

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HAY QUE PONER ORDEN.

Ante tan variopinto panorama, es necesario adoptar medidas y poner orden en el ámbito de la Educación Infantil en la Comunidad de Madrid. Lo cierto es que no todos ç los sindicatos están por la labor. Sin duda, CCOO y UGT deben conocer la situación de privatización de estos centros, pues aún recordarán que el año pasado hubo un encierro de personal de Escuelas Infantiles de la Comunidad de Madrid (fundamentalmente, personal de CCOO) en protesta por el aumento de los conciertos de aulas de educación infantil en centros privados concertados. Es muy significativo también, que gran parte de los contratos se hayan realizado con cooperativas en buena medida promovidas por CCOO y UGT. Además, es bastante improbable que, con el número de liberados que estas centrales tienen en Madrid, se les haya pasado por alto esta preocupante situación. Si CCOO y UGT tienen algo que ocultar, entonces entenderíamos su posicionamiento con CSIT, ese peculiar sindicato al que la Comunidad de Madrid ha concedido 36.000 € (6 millones de pesetas) como subvención, y 66.000 € (11 millones de pesetas) en cursos. Extraña también que CSITm aún sin haber finalizado las elecciones de personal laboral, siga estando presente en la Mesa Sectorial de Educación, con las únicas quejas de ANPE y CSIF. Conviene reseñar, como hecho cierto, que ni CCOO ni UGT han denunciado estas prácticas privatizadoras.

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¿POR DÓNDE EMPEZAMOS?.

Todas las Casas de Niños de la Comunidad de Madrid deberían pasar a ser gestionadas directamente por la administración, con personal funcionario o con contrato laboral. Como mínimo, habría que equiparar las condiciones laborales y salariales de todos los trabajadores del sector, ya que realizan el mismo trabajo. Estas Casas de Niños, igual que ocurrió con los antiguos Patronatos, deberían quedar de inmediato en situación "a extinguir", ofreciendo al personal existente fórmulas flexibles para que se integre en los cuerpos de funcionarios o en el colectivo de personal laboral. Los nuevos puestos de trabajo deben cubrirse por personal funcionario o laboral.


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