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MERCANTILIZACIÓN
Y PRIVATIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA
Desde los años 70, la red privada concertada ocupaba un
papel subsidiario con respecto a la Escuela Pública. La fragilidad
de la iniciativa privada ante el fuerte crecimiento de la población
escolar que se producía entonces, al igual que la ordenación
legal (LODE), reducían a la red privada al papel de llenar
aquel espacio al que no llegaba el Estado. La concesión de
un concierto educativo debía pasar por el trámite
de la consulta a una Comisión de Conciertos, donde se debía
argumentar ante distintos agentes sociales el carácter social
que cumpliría.
Encontramos, al comenzar la transición democrática,
un caso excepcional de subvención a tramos educativos no
obligatorios, que eran las “Filiales” de titularidad
privada de Institutos de Bachillerato públicos. Estas filiales
eran muy escasas y tendían a cubrir la insuficiencia de oferta
pública en cuanto a enseñanzas medias.
Desde los años 80, los foros de discusión empresariales
comienzan a demandar un mayor ajuste del papel de la escuela a sus
exigencias, ajuste que pasaría por que la escuela formara
la mano de obra que los negocios precisan, por educar en distintas
vertientes al futuro consumidor y por abrir nuevos filones de rentabilidad
económica relacionados con los procesos de formación.
Casi a la par, numerosos estados comienzan a poner en práctica
reformas educativas que se han caracterizado por el alargamiento
del período de escolarización obligatoria, el aumento
del tramo de educación comprensiva –todo el alumnado
cursa las mismas materias- y por iniciativas que se presentan como
una reforma y dignificación de los estudios profesionales
(1). Poco más tarde, se abre el debate social sobre el descenso
de los niveles en las enseñanzas medias, se centran las actuaciones
educativas en la extensión de las TIC y el aprendizaje de
lenguas extranjeras, se dirigen campañas para desmasificar
la universidad, reorientando a los jóvenes hacia otros estudios
-ó se promocionan estudios superiores de ciclo más
corto, complementados con masters de pago- y comienza a hablarse
de la “formación a lo largo de toda la vida”.
La carrera hacia la mercantilización estaba ya abierta.
En España, de forma discreta bajo las administraciones del
PSOE y de forma más ostensible durante los períodos
de gobierno del PP, comienza a alterarse la correlación entre
el peso de lo público y lo privado dentro del sistema educativo.
De forma simultánea a la apertura de nuevas vías de
privatización, se procede a desregular múltiples elementos
de la ordenación educativa y laboral (fragmentación
del sistema educativo en multitud de subsistemas, implantación
de programas modulares, proliferación de convenios y situaciones
laborales específicas, etc.) y a degradar la calidad del
servicio mediante el retraso en las construcciones, escasez de plantillas
o incremento de ratios (2).
Se generaliza en Madrid la práctica de la gestión
indirecta de centros de titularidad pública, especialmente
en lo que se refiere a los centros de educación infantil
o aulas municipales de música. Centros que ostentan la titularidad
pública pasan a ser gestionados por empresas privadas, alcanzando
este fenómeno unos porcentajes del 50% sobre el total de
las escuelas infantiles y el 30 % en el caso de las escuelas de
música. La práctica totalidad de centros que imparten
estas enseñanzas que se están creando en la Comunidad
lo hacen bajo estas formas de gestión.
Se consagra también la irrupción de las entidades
“sin ánimo de lucro” en la vida educativa. Su
ámbito ha ido ampliándose desde una relativa presencia
en la educación de adultos (3), hacia los programas de garantía
social, las acciones de compensación educativa o las actividades
complementarias y de refuerzo. Comienza a ser habitual que, en los
IES públicos, las horas de refuerzo, repaso y profundización
que se imparten en horario vespertino estén a cargo de empresas
privadas y no del profesorado de los cuerpos docentes.
Un proceso tan espectacular como silenciado por medios de comunicación
y organizaciones sindicales es el de la concertación masiva
de los tramos educativos post-obligatorios. Así, desde el
peso marginal que ostentaban las filiales subvencionadas de los
70, nos encontramos con que, a comienzos de la presente década,
gozan de conciertos el 50 % de la formación profesional reglada
y el 20 % de los bachilleratos que se imparten en centros de titularidad
privada.
Lo que ocurre en el campo de la Formación Profesional cabe
calificarlo de auténtico desmantelamiento de la estructura
educativa pública. La práctica totalidad de formación
ocupacional está en manos de la patronal, los sindicatos
mayoritarios y las administraciones públicas municipales
y autonómicas. La patronal y los sindicatos subcontratan
gran parte de esa formación a empresas privadas, en tanto
que las administraciones lo desvían - también en gran
parte- a manos privadas, mediante fundaciones o patronatos. El objetivo
europeo de facilitar la movilidad de los trabajadores en el espacio
comunitario se ha plasmado en una Ley de la FP y de las Cualificaciones
(4) que, lejos de servir al objetivo de integrar los diferentes
subsistemas, sustrae a la FP inicial del ámbito educativo,
está proporcionando a los distintos “agentes sociales”
inmensas cantidades de dinero de los Fondos Sociales Europeos y
el control de buena parte de la formación. Esta ley dispersa
y desregula la oferta educativa y, con su equiparación de
“títulos” y “certificaciones de competencias”,
pone el peligro el control público sobre las titulaciones,
al igual que al trabajador se le reconozca en los convenios una
categoría profesional y un nivel salarial determinado por
su titulación.
Se acelera, finalmente, la concertación de todas las enseñanzas,
ahora no en nombre del interés social, sino de la demanda
social, antesala del cheque escolar –en la Comunidad de Madrid
ya han sido eliminadas las Comisiones de Conciertos-. Diversas variantes
de “convenios”, entre los que se encuentran aquellos
que aseguran un concierto a las empresas que edifiquen sobre suelo
público, comienzan a florecer durante la legislatura de Esperanza
Aguirre.
Lejos de garantizar la “libre elección” de centro,
se instalan prácticas en la red concertada que la alejan
totalmente del concepto de servicio público: selección
de su alumnado por el centro, múltiples formas de cobro a
las familias, incremento más acusado de ratios, incremento
de la jornada lectiva hasta el extremo de generar una competencia
desleal o control ideológico sobre su profesorado
No se puede ocultar que la lucha para defender de una escuela pública
de calidad presenta unas perspectivas difíciles. Los poderes
económicos vienen trabajando en la línea de la mercantilización
desde hace muchos años, los foros y directrices internacionales
están haciéndose eco de sus demandas (Directiva Bolkestein,
Acuerdo General de Comercio y Servicios, etc.) y las leyes nacionales
están introduciendo, progresivamente, buena parte de sus
planteamientos. Nos hemos referido anteriormente a la Ley de la
FP, pero debemos hacer notar que la recién aprobada Ley Orgánica
de la Educación (5) establece que "El servicio público
de la educación puede ser prestado por los poderes públicos
y por la iniciativa social, como garantía de los derechos
fundamentales de los ciudadanos".
Nos preocupa especialmente que todo esto esté sucediendo
en medio del silencio, cuando no del consenso activo, de partidos
políticos y sindicatos que se declaran partidarios de la
escuela pública, pero que se encuentran atrapados por sus
contradicciones ideológicas, intereses particulares o redes
clientelares.
Como sindicato docente, tenemos ante nosotros la labor de combatir
la desregulación laboral y educativa. La lucha por la equiparación
de los derechos laborales del profesorado de la red privada concertada
puede impedir que se consolide una mano de obra con costes muy inferiores,
situación que puede generar una competencia desleal entre
ambas redes. Tenemos la obligación moral de desarrollar una
intensa labor de concienciación de la ciudadanía,
entre la cual ha calado profundamente el discurso liberal y privatizador
(6). Esperemos que la educación y la sanidad pública
no tengan que ser desmanteladas para que se descubra, como ha sucedido
con los transportes o con el suministro de energía, que la
empresa privada proporciona una oferta más costosa para el
consumidor y de peor calidad. Por competitivo que quiera ser, un
negocio privado se mueve por el lucro, no por el beneficio social.
(1) Para algunos pensadores, como Michel Éliard,
Nico Hirt o Antoine Prost, esta línea de reformas ha contribuido
a que la escuela reproduzca aun más las diferencias de clase
que antigua formación humanística dirigida a los sectores
sociales altos.
(2) Para una visión de cómo se ha realizado este proceso
en países anglosajones, consultar el artículo de Spark
“USA: la empresa privada al asalto de la escuela pública”,
publicado en el períodico Classe Strugle nº 26, enero
y febrero de 2000. Traducido al castellano y resumido por José
Antonio Alonso, miembro del secretariado de SUATEA, de la Confederación
de STEs.
(3) La educación especial privada, con el proceso de integración
de las personas con minusvalía, ha sufrido un crecimiento
espectacular. El estancamiento - cuando no la reducción-
del número de centros de atención específica
ha impelido a muchos padres a la creación de instituciones
que no sólo reciben fondos de la Consejería de Educación,
sino también de la de Asuntos Sociales.
(4) B.O.E. 20-06-02
(5) B.O.E. 04-05-06
(6) Resulta relativamente frecuente, incluso entre los trabajadores
de la enseñanza, la creencia en que todo servicio de pago
es de superior calidad al servicio público. Así, puede
darse la contradicción de que se defienda un servicio público
como trabajador, pero que a la vez se sea consumidor de la escuela
o sanidad privada.
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